Consideraciones sobre el “pie de recurso”

En el art. 248.4 de la LOPJ se establece que “Al notificarse la resolución a las partes se indicará si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, órgano ante el que deben interponerse y plazo para ello.”

El art. 208.4 LEC reproduce casi exactamente lo anterior indicando que “Toda resolución incluirá la mención del lugar y fecha en que se adopte y si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir”

En su texto anterior a la reforma de 2009[1] el precepto era: “Al notificarse la resolución a las partes se indicará si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir.”

El nuevo texto establece que la información sobre la firmeza de la resolución, los recursos que –en su caso- quepan contra ella,  el órgano competente y el plazo deben constar en la resolución misma frente a la redacción de la LOPJ y la prístina de la LEC que la incluía como contenido del acto de comunicación.

La indicación del recurso procedente se hace habitualmente al modo de pie de recurso, al final de la resolución, como información adicional, igual que se hacía antes. Eso aquéllos tribunales que la establecen que no son todos. Por tanto, no parece que la nueva redacción del art. 208.4 LEC esté surtiendo efecto. Esa práctica del pie de recurso, antes legal, venía produciendo no pocos problemas; problemas que quizá el legislador quiso evitar obligando a que sea el órgano que dicta la resolución quien establezca qué recursos (a su criterio) caben contra la misma y demás datos exigidos. De modo que la información no sea necesariamente creada y ofrecida por el notificador (la secretaría), sino por quién dictó la resolución (que en algunos casos puede ser el letrado de la Administración de Justicia o LAJ)

Sin embargo, la realidad es que la información –cuando se da- se sigue “añadiendo” por el notificador a la resolución, integrándose en el acto de comunicación con lo que seguimos con las mismas disfunciones de antes que derivan de lo que bien podríamos denominar el  imperio del formulario. Los programas informáticos de formularios que se ordenan a facilitar el trabajo, puramente mecánico, que conlleva la tramitación. Normalmente esos formularios incluyen un pie de recurso, según el tipo de resolución para la que está pensado. El modus operandi de la oficina judicial consiste en abrir la resolución concreta (providencia, auto o sentencia) y una vez obtenido el texto básico con los datos del caso ya fusionados se escribe la decisión y su fundamento, se imprime y se firma. La copia a notificar contiene el pie de recurso correspondiente al formulario usado.

Pero pueden producirse errores por que no se elija el formulario correcto; se elija el correcto pero se “añada” a la resolución un fallo sobre una cuestión que no debe ser resuelta en el mismo cuerpo de resolución o, finalmente,  porque  el autor del programa se haya equivocado (este supuesto es más raro, pero no inverosímil).

Lo señalado en segundo lugar puede suceder, por ejemplo,  cuando se usa el mismo formulario para resolver dos cuestiones y respecto de una de ellas cabe reposición y respecto de la otra procede apelación. Incluso cuando se dicta auto resolviendo un recurso de reposición previo (auto contra el que no cabe recurso alguno) y se aprovecha el acto para introducir otra cuestión contra la que si cabe recurso (sea de reposición o de apelación).

La cuestión no es baladí, en modo alguno. En esta materia hay que tener en cuenta tres factores: (a) en los proceso civiles rige el principio dispositivo; (b)  los recursos los establece la ley^[2], no el tribunal y (c) a partir de cierta cuantía y para determinadas materias se priva a la parte de la capacidad de postulación y se le exige un representante que es el procurador y un abogado que le asiste técnicamente.

La primera premisa y la última deben alertar de que las consecuencias del  error del tribunal, al establecer el pie de recurso, puede terminar teniéndolas que soportar la parte. La segunda debe conducir a cuestionarse siempre el pie de recurso y verificar el procedente y a interponer el que esté legalmente previsto, no el que indique el pie de recurso.

En todo caso, se habrá de estar en esta materia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los criterios de admisibilidad.^[3]  El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto y ha distinguido entre la ausencia de información sobre el recurso procedente y la información expresa errónea, dándole a ésta mayor alcance que a la simple omisión, puesto que “es susceptible de inducir a error a la parte litigante,  error que hay que considerar como excusable, dada la autoridad que necesariamente ha de merecer la decisión judicial«^[4] Para determinar si el error en la indicación del recurso tiene relevancia constitucional ha de tomarse en consideración, tanto el que la parte no haya incurrido también en negligencia, como a que haya sido asistida o no por profesionales del Derecho, debiendo estarse a las demás circunstancias que concurran en el caso concreto.

Así pues, si el pie de recurso establecido es erróneo y la parte interpone el recurso que le indique puede terminar viendo vulnerado su derecho de acceso al recurso legalmente establecido. Con independencia del alcance constitucional del pie de recurso erróneo (que desde luego sin asistencia letrada no puede vulnerar  el derecho de la parte al recurso legalmente establecido) es aconsejable interponer el recurso legalmente previsto.

Como hemos señalado es relativamente habitual en la práctica que los tribunales usen la forma de providencia (incluso) o, usándola de auto, establezcan (para resoluciones que debieran tener consideración de definitivas) pie de recurso de reposición. Si se interpone tal recurso (en vez del recurso de apelación que sería lo correcto), suele ocurrir que cuando se interpone el recurso de apelación contra el auto resolutorio de la reposición el tribunal aplica directamente el art. 454 LEC e inadmite a trámite el recurso. Este es un supuesto evidente de infracción procesal y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a los recursos legalmente establecidos). Dicha vulneración se establece si, interpuesto directamente el recurso de apelación contra la resolución que informaba de que contra la misma cabía reposición, no se tiene por interpuesto (con ello se ha prescindido absolutamente del procedimiento) por considerar el Tribunal que procede el de reposición. También se produce vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, si se interpone el erróneo recurso de reposición por seguir la indicación del pie de recurso y, dictado auto resolutorio se interpone contra éste recurso de apelación y no se tiene por preparada la apelación por aplicación automática del art. 454 LEC.

Estos problemas no siempre se evitarían si es el órgano quién establece la información (lo que exige decisión al modo del resto de cuestiones a tratar por la resolución) y no el notificador pues, obviamente, no excluye totalmente el error, pero sí se excluye la inercia de error que pueden producir, y de hecho producen, los formularios.

José Soldado Gutiérrez

[1] Ley 13/2009 de 13 de noviembre de 2009 artículo decimoquinto apartado 118

[2] La potestad legislativa corresponde a las Cortes Generales. Art. 66 C.E.

[3] El acceso a la jurisdicción forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el  art. 24.1 C.E. El TC  lo ha declarado en numerosas sentencias (3/1983, de 25 de enero; 23/1983, de 25 de marzo; 96/1983, de 22 de marzo; 123/1983, de 16 de diciembre; 54/1984, de 4 de mayo; 124/1984, de 18 de diciembre; 145/1986, de 24 de noviembre; 154/1987, de 14 de octubre; 21/1990, de 15 de febrero; 77/1993, de 1 de marzo; 93/1993, de 22 de marzo; 374/1993, de 13 de diciembre; 376/1993, de 20 de diciembre; 27/1994, de 27 de enero. Si bien tal derecho ha de ser ejercido dentro de los presupuestos y requisitos establecidos en la ley cuya verificación corresponde a la jurisdicción judicial,  que debe interpretarla atendiendo a la finalidad de las normas y eligiendo la interpretación más favorable a la eficacia del derecho conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional (v.g. SS:  149/1993, de 28 de mayo; 342/1993, de 22 de noviembre; 376/1993, de 20 de diciembre. 256/1994, de 26 de septiembre; 37/1995, de 7 de febrero; 58/1995, de 10 de marzo;  138/1995, de 25 de septiembre; 149/1995, de 16 de octubre; 142/1996, de 16 de septiembre; 211/1996, de 17 de diciembre; 9/1997, de 14 de enero; 76/1997, de 21 de abril; 19/1998, de 27 de enero; 10/1999, de 8 de febrero; 205/2000, de 24 de julio; 258/2000, de 30 de octubre; 6/2001, de 15 de enero; 233/2001, de  10 de diciembre; 108/2002, de 6 de mayo).

El TC ha establecido una doctrina por la que considera que ha de darse opción al recurrente de subsanar defectos formales de los escritos de recurso. S.S.T.C. 57/1984, de 8 de mayo; 162/1986, de 17 de diciembre; 5/1988, de 21 de enero; 187/1989, de 13 de noviembre, entre otras.

En este sentido:

TS Sala 1ª, A 3-2-2004, rec. 707/2003.  FJ 2: “debió darse curso a la petición de reposición que se formulaba en el mismo, ya que la imprecisión terminológica o la aparente contradicción entre su encabezamiento y su suplico no puede tener el efecto, en exceso riguroso y desproporcionado, de su rechazo de plano, especialmente a la vista de los términos del reiterado suplico, y todo lo más debió dar lugar a trámite subsanatorio que, al amparo del art. 231 de la LEC, permitiera a la parte aclarar si el escrito tuvo como objeto interponer recurso de queja o pedir la reposición preparatoria de tal recurso”

STC 13-2-1995, nº 43/1995. FJ 1: “En el segundo de los aspectos a considerar, esto es, el relativo al proceder de la recurrente, de lo actuado se desprende que ésta no actuó de forma indiligente, sino que, por el contrario, dejó patente su voluntad de recurrir la resolución, formuló el recurso de reposición que se le indicaba como correcto y lo verificó en el breve plazo de tiempo previsto para el mismo en la Ley procesal; e, incluso, el examen del escrito de interposición del recurso permite constatar que la forma y contenido de tal escrito responden más a las características propias de un recurso de apelación que a la simple cita de la disposición o disposiciones legales infringidas que exige el art. 377 LEC (…)” (Se había inadmitido a trámite un recurso de apelación contra el auto resolutorio del de reposición, recurso que no era el procedente pero que se interpuso siguiendo el pié de recurso)

[4] STC 107/1987, citada textualmente por STC  13-2-1995, nº 43/1995 (FJ3). En este caso el pié de recurso señalaba como procedente el recurso de reposición pero procedía el de apelación. La parte (representada por abogado y procurador) lo interpuso (entonces el recurso de reposición no vedaba el de apelación, arts. 380 ss LEC -1.881 “por lo que la asistencia jurídica de la parte pudo “razonablemente pensar que la formulación del recurso de reposición que se le indicaba como correcto no impedía, sino, antes bien, constituía un trámite previo a la ulterior revisión de la cuestión en segunda instancia”). El juzgado advirtió el error y en vez de subsanarlo “bien dando de oficio la tramitación que correspondía al escrito presentado, bien otorgando a la parte esa posibilidad de reparar el error inducido” dejó sin posibilidad de apelación a la parte. El Tribunal otorga el amparo.

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