La cosa juzgada aparece como la institución que sirve para que la resolución, y sobre todo el proceso, alcance el grado de certeza necesarios, en primer lugar haciéndola irrevocable en el proceso en que se ha dictado y segundo, impregnándolo de una pronta especial frente a cualquier otro proceso que se puede incoar posteriormente. Por tanto la cosa juzgada es el valor que el ordenamiento jurídico da al resultado de la actividad jurisdiccional, que supone la subordinación a los resultados de proceso, por ser irrevocable la decisión del órgano judicial.

La cosa juzgada formal es la preclusión de los medios de impugnación respecto a una resolución jurisdiccional penal. Se produce referidas a las resoluciones penales, por los mismos motivos que en las civiles.

En la fase preliminar de la instrucción penal, la cosa juzgada formal tienen el inconveniente de que hay resoluciones que se dictan que son impugnables en definitiva mediante el recurso de queja simple o sin plazo. En el ámbito penal sólo pueden ejecutarse sentencias firmes, el Art. 985 ,LECrim dice que la ejecución de las sentencias en causas por delito corresponde al Tribunal que haya dictado la que sea firme. Y el Art. 794 ,LECrim al respecto expresa que tan pronto como sea firme la sentencia, se procederá a su ejecución por el Juez o por la Audiencia que la hubiere dictado, conforme a las disposiciones generales de la Ley, observándose las siguientes reglas:

Si no se hubiere fijado en el fallo la cuantía indemnizatoria, cualquiera de las partes podrá instar, durante la ejecución de la sentencia, la práctica de las pruebas que estime oportunas para su precisa determinación. De esta pretensión el Secretario judicial dará traslado a las demás para que, en el plazo común de diez días, pidan por escrito lo que a su derecho convenga. El Juez o Tribunal rechazará la práctica de pruebas que no se refieran a las bases fijadas en la sentencia.

Practicada la prueba, y oídas las partes por un plazo común de cinco días, se fijará mediante auto, en los cinco días siguientes, la cuantía de la responsabilidad civil. El auto dictado por el Juez de lo Penal será apelable ante la Audiencia respectiva.

En los casos en que se haya impuesto la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, el Secretario judicial procederá a la inmediata retirada del permiso y licencia habilitante, si tal medida no estuviera ya acordada, dejando unido el documento a los autos y remitirá mandamiento a la Jefatura Central de Tráfico para que lo deje sin efecto y no expida otro nuevo hasta la extinción de la condena.

La firmeza es presupuesto de la producción de la cosa juzgada material, que es lo propiamente dicho cosa juzgada.

La cosa juzgada material es la vinculación que en otro proceso penal produce la resolución de fondo firme. Es una institución que obliga a los jueces a no juzgar de nuevo lo ya decidido y a no admitir controversias de las partes sobre temas ya resueltos. Hay dos tipos de resoluciones que gozan de efecto de cosa juzgada:

– Las sentencias, que resuelven sobre el fondo del asunto tanto las absolutorias como las condenatorias.

– Los autos de sobreseimiento libre tanto los dictados en referencia al Art. 637 ,LECrim que dice que procederá el sobreseimiento libre:

• Cuando no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa.

• Cuando el hecho no sea constitutivo de delito.

• Cuando aparezcan exentos de responsabilidad criminal los procesados como autores, cómplices o encubridores.

La cosa juzgada penal tiene un efecto negativo, preclusivo o excluyente, no poseyendo un efecto positivo o prejudicial, por tanto, excluye como artículo de previo pronunciamiento, un segundo juicio, como se hace referencia en el 666.2 ,LECrim que afirma que serán tan sólo objeto de artículos de previo pronunciamiento las cuestiones o excepciones siguientes: la cosa de juzgada. Este efecto se traduce en el principio de “ne bis in idem”, es decir, significa la plasmación del principio de la prohibición de la doble incriminación, garantía constitucional propia de los países democráticos. Según la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional se pronunció en base al 25.1 ,Constitución Española expresando que “La cosa juzgada despliega un efecto positivo, de forma que lo declarado por sentencia firme constituye la verdad jurídica  y un efecto negativo, que determina la imposibilidad de que se produzca un nuevo pronunciamiento sobre el tema” y con respecto al principio ne bis in idem  “está íntimamente unido al principio de legalidad de las infracciones que recoge el Art. 25 ,Constitución Española.

Si en el proceso hay más de un acusado, el fallo debe recaer para cada uno de ellos con independencia del fallo que recaiga en los demás, dado que no se vincula de forma prejudicial el pronunciamiento de la primera sentencia respecto las otras partes, ni respecto de otro acusado por el mismo hecho, ni del mismo acusado por un hecho distintivo, aun conexo del hecho juzgado o condicionado por él.

Existen resoluciones procesales susceptibles de cosa juzgada al margen de las ya expuestas. Hay que traer al caso el hecho de cuando llegado el momento de dictar sentencia se constata la existencia de un defecto procesal que impedía entrar en el fondo de la causa, pues en este caso hay que decir que se produce la cosa juzgada material si no existe posibilidad de subsanar el defecto procesal, hoy día no existen sentencias procesales pero sí autos.

Existen diversos límites a la cosa juzgada material, como son los límites subjetivos que se refieren a que la cosa juzgada penal despliega sus efectos en el aspecto subjetivo únicamente sobre la persona del acusado, de modo que quine haya sido juzgado no puede volver a serlo, dada la identidad objetiva. En cuanto a los límites objetivos son los hechos criminales tal y como aparecen descritos en la sentencia.

Hasta el año 1988 sólo había un medio de impugnación de la cosa juzgada, que era el proceso de revisión, pero se introdujo también el llamado recurso de anulación, en concreto para los casos de ausencia, pudiéndose atacar la cosa juzgada según los presupuestos exigidos tanto a través del proceso de revisión como mediante recurso de anulación. El juicio de revisión es un proceso en sentido formal, no siendo entre partes, y no es un recurso, por lo que se ataca a la cosa juzgada material de sentencia firme que es injusta en base a determinados motivos regulándose en los Art. 954–961 ,LECrim. El Art. 954 ,LECrim dice que habrá lugar al recurso de revisión contra las sentencias firmes en los casos siguientes:

• Cuando estén sufriendo condena dos o más personas, en virtud de sentencias contradictorias, por un mismo delito que no haya podido ser cometido más que por una sola.

• Cuando esté sufriendo condena alguno como autor, cómplice o encubridor del homicidio de una persona cuya existencia se acredite después de la condena.

• Cuando esté sufriendo condena alguno en virtud de sentencia, cuyo fundamento haya sido un documento o testimonio declarados después falsos por sentencia firme en causa criminal, la confesión del reo arrancada por violencia o exacción, o cualquier hecho punible ejecutado por un tercero, siempre que los tales extremos resulten también declarados por sentencia firme en causa seguida al efecto. A estos fines podrán practicarse todas cuantas pruebas se consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos controvertidos en la causa, anticipándose aquellas que por circunstancias especiales pudieran luego dificultar y hasta hacer imposible la sentencia firme, base de la revisión.

• Cuando después de la sentencia sobrevenga el conocimiento de nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba, de tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado.

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